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Palestina: No digan que no sabían

05 00:00:00/03/2018


Estos días las imágenes de los bombardeos sobre Ghuta nuevamente ponen a Siria en el centro de la atención internacional (sin olvidar los intensos combates en Afrin). Los medios occidentales no cesan de mostrar las desgarradoras escenas de la población civil masacrada[1] (se habla de varios centenares en menos de una semana), y los políticos no ahorran palabras de condena hacia los gobiernos de Siria y Rusia, responsables de los ataques. También el Papa pidió el fin de la violencia y que se permita la entrada de medicinas y alimentos en Ghuta. Hasta UNICEF afirma haberse quedado sin palabras ante ?los niños asesinados, sus madres, sus padres y sus seres queridos?.

Es imposible no contrastar esta abundancia de condenas hacia los responsables y de empatía hacia las víctimas con el silencio intolerable respecto al genocidio silencioso y gradual que el régimen israelí está cometiendo contra los dos millones de personas que mantiene encerradas en esa gran cárcel que es la Franja de Gaza, que también están muriendo por falta de medicinas, alimento y agua potable, causado por el bloqueo feroz impuesto por Israel. ¿Por qué UNICEF y Save the Children no condenan con la misma energía la agonía impuesta sobre una población cuyo 40 por ciento es menor de 18 años? ¿Será que algunas catástrofes humanitarias son más intolerables que otras, dependiendo de si quienes las provocan son nuestros enemigos o nuestros aliados?

El infierno inhabitable en que Israel ha convertido a Gaza tiene más de una década ?bastante más que la guerra de Siria. Las alarmas de los organismos humanitarios vienen sonando desde hace años; ya en 2012 la ONU afirmó que Gaza sería inhabitable en 2020. Eso fue antes del último ataque masivo llevado a cabo por Israel en 2014, en el que mató a 2200 personas (más de 500 de ellas menores de edad) y destruyó la mayor parte de la infraestructura civil; después de eso todos los pronósticos se agravaron, y hoy se ha llegado a un límite en que Gaza está sencillamente en estado de colapso.

No hay casi electricidad (apenas unas pocas horas diarias por falta de combustible para operar la única planta eléctrica), ni agua potable (97 por ciento está contaminada), ni combustible, ni medicinas y equipamiento hospitalario, ni sistema de saneamiento (110 millones de litros de aguas servidas son volcados diariamente al mar ?seriamente contaminado? debido a la imposibilidad de tratamiento por falta de energía). El índice de suicidios ha crecido exponencialmente (sobre todo entre la juventud), al igual que el consumo de drogas (hay un mercado negro de Tramadol y similares), la criminalidad, la mendicidad, la violencia doméstica y el abuso sexual, todas expresiones de una sociedad sumida en la miseria y la desesperación.

Entre los índices que ilustran la catástrofe humanitaria están los pacientes de talasemia y de cáncer que no pueden salir de Gaza para tratarse en hospitales de Israel, Cisjordania o Egipto. Según informó recientemente la periodista Isabel Pérez, en el paso Beit Hanún-Erez (entre Gaza e Israel) se ha alcanzado el récord de menos permisos otorgados para casos médicos. En una nota de prensa conjunta, el Centro Al Mezan para los DD.HH., Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la británica Ayuda Médica para Palestina (MAP) y la israelí Médicos por los DD.HH., denunciaron que en 2017 murieron 54 personas (36 de ellas con cáncer) mientras esperaban el permiso para salir a tratarse. En 2017, sólo el 54 por ciento de las solicitudes de salida para atención médica fueron aprobadas (el porcentaje más bajo desde que empezaron los registros en 2008). ?Vemos que Israel niega o retrasa cada vez más el acceso al tratamiento de cáncer y otras enfermedades, tratamientos que salvan vidas fuera de Gaza. Vemos un número sorprendentemente alto de pacientes palestinos que mueren, mientras el sistema de salud de Gaza está sometido a medio siglo de ocupación y una década de bloqueo?, dijo Aimee Shalan, director ejecutivo de MAP. Por su parte, la Oficina de la ONU para Asuntos Humanitarios (OCHA) señala que durante todo 2017 Egipto abrió el paso de Rafah sólo 36 días.

El 22 de febrero las autoridades municipales de Gaza declararon el estado de emergencia. El Alcalde Nizar Hejazi dijo en conferencia de prensa que ?Una gran parte de la ayuda financiera ha sido cortada, lo cual ha paralizado servicios básicos vinculados a la salud y el combustible?. Se refería a los recortes al presupuesto de UNRWA, la agencia de la ONU encargada de atender a las y los refugiados (dos tercios de la población de Gaza), y que cumple una función primordial para paliar la pobreza extrema provocada por el bloqueo israelí: el desempleo alcanza al 50 por ciento (más alto incluso entre la juventud), y más del 80 por ciento de la población depende de la ayuda exterior para alimentarse.

El 10 de febrero el Ministerio de Salud de Gaza advirtió que las vidas de cientos de bebés prematuros están en grave peligro debido a que los hospitales se quedaron sin Calfatant, un medicamento esencial para apuntalar el sistema respiratorio de dichos bebés. Hasta esa fecha y desde comienzos del año, habían muerto ya cinco recién nacidos. Una coalición de organizaciones humanitarias gazatíes informó que el bloqueo ha provocado la muerte de 1000 personas por falta de atención médica oportuna; 450 de ellas, por falta de atención médica oportuna.

A fines de enero, MAP alertó sobre el agravamiento de la crisis de salud en Gaza. A principios de febrero, un hospital y siete centros médicos tuvieron que dejar de operar debido a la falta de combustible. El Ministerio de Salud dijo que la situación entró en ?una fase sin precedentes? y que era urgente actuar para evitar el colapso del sistema de salud. Gaza recibe 6-8 horas de electricidad al día, y debe cubrir las horas restantes con el uso de generadores, para los cuales se necesita combustible que siempre escasea. El 29 de enero MAP informó que el hospital de Beit Hanoun (que atiende a 300.000 residentes del norte de Gaza) cerró sus puertas debido a la falta de combustible para los generadores. También el hospital más grande de Gaza, Al Shifa, cerró una unidad de esterilización para reducir el consumo de combustible. Y el hospital pediátrico de Al-Durra también está amenazado, habiendo ya tenido que reducir un 60 por ciento de sus servicios. A su vez, la sostenibilidad de los servicios de salud que provee UNRWA (en déficit permanente) está amenazada por la decisión de Estados Unidos de cortar 65 millones de dólares de su contribución al organismo.

Israel está empeñado además en aniquilar las pocas formas de subsistencia que le queda a la población de Gaza, atacando a sus agricultores y pescadores. En una franja de tierra ya reducida y además bloqueada, Israel ha impuesto una zona de exclusión, donde no permite el uso del suelo. Eso ha llevado a la destrucción del 35 por ciento de la agricultura gazatí. Esa zona además es considerada ?de alto riesgo? y los soldados disparan a toda persona que se acerque; muchas han sido heridas e incluso asesinadas. El 17 y 18 de febrero las fuerzas israelíes lanzaron varios ataques con artillería, ametralladoras y bombardeos, matando a dos niños e hiriendo a otros dos. Por si fuera poco, los aviones israelíes fumigan con químicos hasta 700 metros más allá de la zona de exclusión, afectando seriamente las tierras agrícolas. Las autoridades sanitarias gazatíes han alertado sobre los daños a la economía, la salud, el medio ambiente y la agricultura que producen estos químicos, cuya composición ni siquiera es revelada por Israel.

Entre el 8 y el 9 de enero las fuerzas navales sionistas detuvieron a 8 pescadores palestinos y les confiscaron tres barcos; el 11 de febrero abrieron fuego en el mar y arrestaron a 2 pescadores; y el 25 de febrero abrieron fuego contra una barca que estaba a sólo tres millas náuticas, matando a un pescador de 18 años e hiriendo y arrestando a otros dos. En todos los casos las barcas estaban a dos y tres millas náuticas de la costa; aunque legalmente tienen derecho a adentrarse hasta 20 millas naúticas para pescar, las fuerzas israelíes les imponen una restricción arbitraria. Desde principios de 2018 las fuerzas israelíes dispararon a los pescadores en 37 ocasiones, arrestando a 10, hiriendo a 7 y confiscando o dañando 4 barcos de pesca. Según el Centro Al Mezan, en 2017 asesinaron a dos pescadores, arrestaron a 30, confiscaron 13 barcas y destruyeron otras barcas e implementos de pesca en 7 incidentes. Un tercer pescador está desaparecido y se presume que fue muerto cuando un navío israelí colisionó con su barca. Estas agresiones constantes en aguas territoriales palestinas buscan despojar a la población gazatí de una fuente de subsistencia vital para su economía destruida y bloqueada (80 por ciento de la comunidad pesquera de Gaza está debajo de la línea de pobreza), y constituyen una flagrante violación del Derecho Internacional y de los derechos a la libertad, la seguridad, el trabajo y los recursos naturales.





El pescador Saleh Abu Reyala (18) asesinado por la marina israelí mientras pescaba cerca de la costa de Gaza el 25 de febrero.
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Estas atrocidades cotidianas, y la crisis humanitaria que mantiene a dos millones de personas (más de la mitad de ellas, repito, menores de edad) en esa muerte en vida no es consecuencia de una catástrofe natural: es el resultado directo de decisiones humanas tomadas a pocos kilómetros de allí. Son políticas del Estado de Israel cuyo único objetivo es hacer miserable la vida de la población palestina y aniquilarla lentamente (manteniendo entretanto a Gaza como un gran laboratorio de experimentación).

El 21 de febrero el Consejo de Seguridad de la ONU abordó la crisis humanitaria que sufre la Franja de Gaza como consecuencia del bloqueo israelí, pero no resolvió tomar ninguna medida. Bien sabemos que cuando hay voluntad política el Consejo de Seguridad sabe cómo aplicar sanciones; sobre todo cuando se busca un cambio de régimen. Pero Israel no forma parte del eje del mal de Occidente. Ni siquiera preocupa que tenga unas 300 cabezas nucleares cerradas al escrutinio internacional, ni que actualmente esté apoyando ?con el objetivo de combatir a Irán y Hezbollá? a por lo menossiete grupos yihadistas en Siria. Haga lo que haga, Israel sigue siendo un país ?democrático y normal? con el cual los gobiernos occidentales mantienen relaciones diplomáticas cordiales de cooperación e intercambio ?desde científico y comercial hasta militar.

Por eso la agonía prolongada de la población palestina en general, y de Gaza en particular, no ocupa titulares ni primer lugar en el telediario, ni es motivo de condenas internacionales como las que caen sobre Ghuta. Pero cuando la magnitud de la catástrofe desborde incluso el muro de nuestra indiferencia, no servirá de excusa decir que no sabíamos.

Por: María Landi
Columna mensual publicada en el portal Desinformémonos.
Fuente: mariaenpalestina
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[1] Aunque, como ha observado Robert Fisk, cuidándose bien de no mostrar ni hablar de los yihadistas de Al Nusra/Al Qaeda que controlan ese bastión, como si los ataques apuntaran únicamente a una población civil desarmada.

ACTUALIZACIÓN: Poco después de escribir esta columna, se conoció la noticia de que Israel obligó a Inaam al-Attar (12), una niña de Gaza con grave falla renal, a viajar para hacerse un trasplante de riñón en un hospital de Ramala sin su madre ni su padre, pues les negó el permiso para acompañarla. Sólo una semana después, y tras una indignación generalizada y presiones de todas partes (menos de la sociedad israelí) ante el llanto desconsolado de la niña, las autoridades concedieron a la madre el permiso para viajar desde Gaza a Ramala. No fue el primer caso, ni será el último. Este tipo de crueldades gratuitas ponen de manifesto cuál ha sido el plan sionista desde hace un siglo (oficialmente, desde hace 70 años): aniquilar por todos los medios posibles toda forma de vida palestina (o por lo menos hacer su vida miserable), empezando por las nuevas generaciones. En su plan colonial y racista de judaización, nunca hubo lugar para la población nativa árabe.