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Actualidad / Opiniones

¿Y si acudimos al Tribunal Penal Internacional por el respeto a los derechos humanos en Palestina?

28/10/2018


Chile en conjunto con otros cinco Estados del continente americano han decidido solicitar al Tribunal Penal Internacional investigar la situación en materia de violaciones a los derechos humanos en Venezuela. La fundamentación la encontramos en un informe preliminar emanado desde un panel de expertos convocado por la OEA en el mes de mayo del presente, el cual sostuvo que habría "fundamentos suficientes" para afirmar que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad.

En efecto, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Canadá y Paraguay llevarían el caso al máximo tribunal internacional en esta materia, lo cual sin duda trae consigo interrogantes tales como: ¿ello tenderá a politizar el tribunal internacional?.

Al respecto, por relevantes que sean esta interrogante, pareciera que con la solicitud de los Estados o sin ella, el Tribunal Penal Internacional no debiera ser un mero espectador de las violaciones a los derechos humanos en cualquier lugar del sistema internacional, sino que su deber es actuar por oficio de manera de dar sentido y vigencia al régimen internacional de derechos humanos.

Por otro lado, en la actualidad los Estados parecieran estar más proclives a no iniciar acciones para detener violaciones a los derechos humanos flagrantes fuera de sus fronteras, por lo que la acción de estos seis Estados podría ser visto por quienes están por la defensa y protección de los derechos fundamentales, como una acción positiva y un renovado compromiso por legitimar la acción de los organismos internacionales en estas materias.

Las denuncias por violaciones a los derechos humanos en Venezuela provienen desde distintos estamentos de la sociedad venezolana, de gobiernos de distintos sello político y organizaciones internacionales diversas. Además, la crisis migratoria es un fenómeno social que ha impactado a distintos países de la región en América Latina y ello ha facilitado empatizar con el pueblo venezolano y motivado buscar soluciones diplomáticas (hasta ahora estériles) para una transición democrática que conlleve una paz social y un cambio de gobierno, para así evitar la ampliación del éxodo de los venezolanos y la continuidad de la conculcación de los derechos políticos y civiles.

La causa de Venezuela se nos presenta como dramática, sin embargo subyace algunas interrogantes respecto a lo que pareciera ser un doble racero o estándar en materia de protección a los derechos humanos.

¿Por qué?, porque tanto los representantes políticos como las organizaciones sociales saben que a los palestinos se les ha incumplido por parte de la potencia ocupante, Israel, casi dos centenares de resoluciones de Naciones Unidas. También es público y ampliamente difundido en los ámbitos académicos y diplomático el fallo consultivo del Tribunal Internacional de Justicia relativo a la construcción del muro de segregación levantado sobre territorio ocupado en Palestina. Este fallo es taxativo no sólo a la necesidad de desmantelarlo, sino que evidencia las violaciones a los derechos humanos que se cometen en contra del pueblo palestino.

Las recomendaciones para hacernos cargos de las violaciones a los derechos humanos en Palestina han emanado por décadas desde el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas; la UNESCO también ha sido categórico en la condena de las violaciones patrimoniales en contra de Palestina en la cuestión de Jerusalén, entre otros muchos órganos del sistema internacional. Por ello resulta inquietando que a pesar de todas las denuncias y evidencias no exista voluntad de los Estados por emprender acciones judiciales en contra de Israel a objeto de cambiar su conducta, y así condicionarlo para que respete los tratados en materia de derechos humanos, tal como se ha realizado contra dictaduras en distintas latitudes y regímenes como el apartheid en Sudáfrica.

En consecuencia, ¿qué hace que las flagrantes violaciones a los derechos humanos en Palestina no motive a ningún Estado a solicitar o conminar al Tribunal Penal Internacional a investigar las violaciones a los derechos humanos que allí se cometen?; ¿será que hoy los Estados se incentivan a condenar las violaciones a los derechos humanos cuando de por medio hay un interés nacional relativo a la seguridad, como es el caso de las corrientes migratorias que emanan desde Venezuela?, ¿o tal vez se tiende a denunciar las violaciones a los derechos humanos cuando el que las realiza es un enemigo ideológico?

Por último, cabe también barajar la posibilidad de que la consistencia en la defensa de los derechos humanos motivará a Chile a que luego de denunciar las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, hará lo propio en defensa de los palestinos que a diario sufren violaciones a los derechos humanos, entre ellos: su derecho a la autodeterminación, a no sufrir asesinatos colectivos, terminar con los castigos colectivos, no más usurpación de tierras, fin a las detenciones arbitrarias (en la actualidad hay más de trescientos niños en cárceles israelíes), derecho al acceso al agua, libertad de movimiento y desplazamiento, entre muchos otros.

En definitiva, Chile podría ejercer alguna acción ante el Tribunal Penal Internacional en beneficio del respecto a los derechos humanos en Palestina al igual que lo hace en favor de los venezolanos, y así estar en consonancia con las convenciones de Ginebra, Carta de las Naciones Unidas y muchos otros tratados del régimen internacional de los derechos humanos a los cuales nuestro país adhiere.


Fuente: The Clinic