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Palestina presenta queja ante Corte Penal Internacional por no tomar medidas contra Israel pese a tener suficientes antecedentes

06/12/2018


El canciller palestino Riyad Al-Malki instó al fiscal de la CPI acelerar la investigación sobre crímenes de guerra israelíes contra los palestinos, ante avances presentados por la CPI. Aún no toma medidas concretas contra Israel.

El ministro palestino de Asuntos Exteriores, Riyad Al-Malki, presentó una queja este jueves al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, por la evaluación preliminar sobre crímenes de guerra israelíes contra los palestinos.

El canciller palestino manifestó su decepción con el estudio inicial realizado por la oficina del fiscal de la CPI sobre la situación en Palestina, refiere una fuente informativa.

Entretanto, el diplomático destacó que se exigió a Bensouda acelerar la investigación para hacer justicia a las víctimas palestinas.

El pasado 22 de mayo autoridades palestinas presentaron una denuncia a la CPI para solicitar por primera vez al fiscal general de esa instancia internacional iniciar una investigación inmediata sobre los crímenes israelíes en los territorios palestinos ocupados.

La Oficina del Fiscal de la CPI anunció el miércoles que hubo un progreso significativo hacia una decisión sobre la investigación de las acciones israelíes en Cisjordania y Gaza, sin embargo, pese a las observaciones no se ha tomado ninguna medida para que Israel se responsabilice por los ataques perpetrados en tierras palestinas.

Claros avances de la CPI

El estudio preliminar de la CPI ha puesto el foco en los asentamientos israelíes y las demoliciones de hogares palestinos.

Según el memorándum anual de la CPI, la oficina "ha centrado su análisis en los presuntos crímenes de guerra cometidos en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, desde el 13 de junio de 2014". O dicho de otra forma: "las autoridades israelíes han participado presuntamente en el asentamiento de población civil en el territorio de Cisjordania, incluida Jerusalén Este, y en la expulsión forzosa de población palestina de sus hogares".

La oficina hace notar que "las actividades relacionadas con los asentamientos han incluido la confiscación y apropiación de tierras; la planificación y autorización de ampliaciones de asentamientos, y la construcción de nuevas unidades residenciales e infraestructuras relacionadas en los asentamientos".

El informe también hace mención a "la regularización de construcciones llevadas a cabo sin la autorización requerida de las autoridades israelíes (en referencia a los llamados "puestos avanzados"), y a la concesión de subsidios públicos, incentivos y otros fondos asignados de forma específica por parte de las autoridades locales a los colonos y dirigentes de los asentamientos para alentar la migración a dichos asentamientos e impulsar su desarrollo económico".

La oficina del fiscal afirma también que, mientras tanto, "las autoridades israelíes parecen también haber estado involucradas en la demolición de propiedades palestinas y en el desalojo de población palestina de sus hogares en Cisjordania y Jerusalén Este".

El memorándum continúa explicando que "además, según se ha informado, las autoridades israelíes han seguido avanzando en sus planes para reubicar a la población beduina y otras comunidades de pastores y nómadas presentes en el área denominada E1 y sus alrededores, habiendo llegado incluso a incautarse de propiedades residenciales y de infraestructuras relacionadas o a demolerlas".

Para concluir, el informe señala que "durante el año 2018, la Oficina ha avanzado y progresado de forma significativa en sus investigaciones", para añadir que "dado el minucioso análisis que la Oficina ha dedicado a esta situación desde 2015, el fiscal tiene la intención de completar las investigaciones preliminares lo antes posible". Sin embargo, no se ha informado de alguna posible condena a Israel.

Fuente: TeleSur / Monitor de Oriente
Edición: Comunidad Palestina de Chile